Necesaria defensa de la Fiscal

Miércoles, 22 de Febrero de 2012 09:40

Escrito por El Periódico

En diciembre de 2010, la Corte Suprema de Justicia eligió a la hoy Fiscal General de la Nación, Vivianne Morales Hoyos, con apenas 14 votos de los 16 que exige la mayoría calificada. Ahora tres años después de una gestión en la que ha realizado notables avances en las investigaciones en el Ente Investigador, su elección ha sido demandada y depende de 27 magistrados la continuidad de la primera mujer en ocupar el que sin duda es el segundo cargo en importancia para la Nación, después del Presidente.

Pero en el caso de la doctora Morales se ha sumado un ingrediente extra, que es el de su compromiso marital con el ex senador y ex guerrillero del M-19 Carlos Alonso Lucio, quien no tiene al día de hoy deudas con la Justicia, pero cuya relación ha sido cuestionada y atacada desde diversos ámbitos, en especial por un sector de la Corte Suprema de Justicia.

Se trata, sin lugar a dudas, de consideraciones de tipo sexista y que se apoyan en perimidas visiones de género, y que se encuentran muy alejadas del verdadero espíritu jurídico.

Este mismo sector de magistrados de la Corte, quienes privadamente rechazaron su matrimonio con Carlos Alonso Lucio, hoy se encuentran abocados a la tarea de evaluar si el período de la fiscal Morales termina en julio de 2013 o enero de 2015. Es decir, estos magistrados consideran que la interinidad de Guillermo Mendoza Diago como fiscal, entre julio de 2009 y enero de 2011, forma parte del período de Vivianne Morales, a simple vista un exabrupto y una maniobra.

Pero resulta también insoslayable que la tarea de la doctora Morales al frente del Ente Acusador también resulta un hecho incómodo para muchos sectores políticos, porque desde la Fiscalía y bajo el mandato de la doctora Morales se han llevado adelante muchas diligencias que han derivado en casos resonantes y condenas importantes.

Sería loable que la transparencia de la Justicia no sea manchada por una mala maniobra por quien ha sido una funcionaria proba y que se ha ajustado a derecho.