Hallan pagos irregulares en el servicio de ambulancias

Martes, 14 de Febrero de 2012 15:05

Escrito por El Periódico

La Contraloría de Bogotá entregó su último informe sobre presuntas anomalías en la firma del contrato por prestación de servicios entre la Secretaría de Salud y la Unión Temporal del Servicio Ambulatorio de Bogotá.

La Contraloría Distrital abrió juicio de responsabilidad fiscal sobre el ex secretario de Salud, Héctor Zambrano y el ex director del Centro de Centro Regulador de Urgencias y  Emergencias (DCRUE), Manuel Villamizar por 1.600.326.444 pesos que fueron pagados sin soporte alguno a la Unión Temporal Transporte Ambulatorio por el servicio de ambulancias, aún cuando éstas no prestaban ningún servicio.

Así lo informó el contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, en su último informe de auditoría realizada al contrato 1229 de 2009 de la Secretaría de Salud, después de que el año pasado se destapara ‘la olla’ sobre supuestas irregularidades en la prestación del servicio de ambulancias.

Por otro lado, el jefe del ente de control señaló que de los 27 vehículos que deberían estar disponibles para un eventual remplazo a alguna de las que estaban funcionando, solamente la Contraloría encontró nueve de ellos disponibles.

Según lo explicado por el Contralor, el objeto del contrato suscrito entre el Fondo Financiero Distrital de Salud -FFDS- y la Unión Temporal Transporte Ambulatorio Bogotá por 67 mil millones de pesos a 34 meses, era la presentación de servicios ambulatorios con la ayuda de 55 ambulancias, 15 motos ambulancias y 27 vehículos provisionales, en el caso en el que se dañara uno de los automotores.

“No hay claridad si los 55 vehículos se encuentran prestando el servicio, los valores fueron pagados sin ninguna revisión de las cuentas; aquí encontramos los más de 1.600 millones de pesos con los que se abre juicio de responsabilidad fiscal”, dijo Solano Calderón.

Este juicio se abre sobre el ex Secretario de Salud, Héctor Zambrano y el director del DCRUE, Manuel Villamizar. “Recae la responsabilidad sobre quienes actuaron como  supervisores del contrato y si ellos son las personas que estaban en ese momento manejando el DCRUE y la Secretaría de Salud entonces, recae sobre ellos”.

Ambulancias en la mira

Este informe de auditoría hace referencia a una investigación realizada por la Secretaría de Salud el año pasado a manos del ex secretario de Salud, Jorge Bernal Conde, quien encontró serias irregularidades en la prestación del servicio ambulatorio en la ciudad.

Durante la primera auditoria de la Secretaría de Salud realizada en el mes de diciembre de 2011 se hizo contacto con 22 móviles, de los cuales el 27% no respondió o no fueron hallados en el sitio reportado donde deberían estar. Los vehículos deteriorados no fueron reemplazados, tal como lo establece el contrato.

La Secretaría encontró que el 32% de las ambulancias verificadas en la primera auditoria, no cumplen con los criterios y estándares mínimos exigidos para prestar el servicio como: etiquetado de medicamentos, esterilización de instrumentos, entre otros, con riesgo alto  para pacientes y tripulación.

El 65% de las ambulancias auditadas no cumplían con las exigencias de ley para estos vehículos destinados a la atención de urgencias.

Igualmente, la Secretaría encontró el direccionamiento de los despachos de las ambulancias sesgado para supuestamente favorecer la facturación de estos vehículos privados con respecto a las ambulancias de los hospitales de la red pública, al registrar una diferencia significativa de horas fuera de servicio.

Esta entidad también halló que existe vinculación de personas con funciones importantes en la operación de las ambulancias, con doble asignación salarial, para el mismo objeto contratado. Asimismo, identificó que el servicio prestado por una ambulancia, es pago por resolución y por contrato.

Por último, la Secretaría verificó que el 28% de estos vehículos auditados pertenecen a otras entidades diferentes a la empresa Unión Temporal de Transporte Ambulatorio Bogotá.

Contrato sin supervisión

La Contraloría observó que la supervisión del contrato “nunca” se preocupó por verificar los instrumentos establecidos en el mismo, a fin de efectuar un efectivo control sobre la prestación. Así se estableció la utilización de información a través del sistema GPS y este “jamás” fue implementado, siendo el control mecánico y por lo mismo susceptible a fallas.

Entre los hallazgos que evidenció el Contralor Distrital es que el contrato por prestación de servicios se encuentra en ejecución y a la fecha se ha pagado al contratista más de 8.774 millones de pesos de anticipo y más de 44.562 por ejecución del contrato para un total de 53.337 millones de pesos.

Se incrementaron las horas disponibles contratadas (33.210 horas) sin un documento legal que soporte esta modificación teniendo en cuenta lo establecido en el contrato, que determina una extralimitación de las funciones del supervisor del acuerdo generando un incremento de la facturación por el pago de las horas no establecidas.

En consecuencia, el Órgano no encontró justificación ni soportes en los cuales se pudiera amparar la autorización del incremento del número de horas de la prestación del servicio. La Contraloría indica que es un hecho irregular que corrobora la falta de planeación y extralimitación de las funciones en que incurrió el supervisor del contrato.

Constructoras firmaron contrato de ambulancias

En el informe de auditoría presentado por la Contraloría de Bogotá, llamó la atención de los auditores que a la licitación pública 006-2009 de la Secretaría de Salud se presentó una Unión Temporal conformada por tres firmas: Suárez y Silva Ltda., JA Asociados S.A. y Transporte Ambulatorio Médico Ltda., las dos primeras perteneciente a la familia Aldana Bula, parientes del controvertido contratista Emilio Tapia.

“La empresa ganadora (de la licitación) fue una Unión Temporal que está entre tres firmas, dos de ellas tienen que ver con obras civiles en temas de construcción e ingeniería. Encontramos que la primera firma está constituida por Wilson Bula, por Juan Carlos Aldana, Marcela Aldana. En la JA Asociados está constituida por Iván Aldana Bula como socio de la empresa Romana Bula de Aldana y el representante legal es Jairo Aldana Bula. Encontramos entonces que en las dos firmas participa una sola familia. La Contraloría encontró que los señores Aldana son parientes de Emilio Tapia Aldana (investigado por el ‘carrusel de la contratación’ por la Fase III de Transmilenio).

En la tercera firma de Transporte Ambulatorio Médico Ltda., se halló que registran Yolanda Sarmiento y Andrés Bocanegra respectivamente, la esposa e hijo de un ex funcionario de la Contraloría de Bogotá que en su momento trabajaba como subdirector en una dirección diferente a la de salud hasta 2010”, explicó el Contralor.

Añadió, “llama la atención que una familia esté involucrada en tantos temas de contratación de la ciudad”.

La primera irregularidad que encuentra la Contraloría, es que la mayoría de integrantes de la unión temporal que representan el 70% de la participación realizan actividades relacionadas con la construcción, consultoría, planeación, ingeniería y explotación minera; ejecución de obras civiles y construcciones públicas o privadas entre otras.

El tercer socio Transporte Ambulatorio Médico Ltda., que tenía dentro de su objeto social la prestación del servicio de trasporte de enfermos, solo tiene la participación del 30% en la Unión Temporal.

Por otro lado, el funcionario indicó que una vez constituido el contrato que debía empezar operar en el mes de enero de 2011 sólo  se ejecutó en el mes de febrero de ese mismo año, pero en enero la Unión Temporal pasó cuenta de cobro y se les pagó por fuera del contrato.

“El avance de pago que se pactó en un inicio era de $8.100 millones y aún no encontramos la razón del por qué se incrementó a $8.700 millones y se empieza a deducir seis meses más tarde. No entendemos por qué en los meses febrero a julio no se hace la deducción del avance de 8.700 millones de pesos”, dijo el jefe del ente de control.

Diana C. Gutiérrez R.